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Cada año, millones de personas, desesperadas y vulnerables, huyen de sus países debido a la guerra, la pobreza extrema, la violencia, el desplazamiento forzado, la devastación ambiental y la persecución. Sin embargo, la política estadounidense hacia las personas que buscan protección y seguridad ha sido de una severidad férrea en los últimos años.
Las disposiciones 1.0 y 2.0 para musulmanas de la administración Trump, impidieron el desplazamiento de viajeros con pasaportes y a refugiados de siete países de mayoría musulmana. El programa de reasentamiento de refugiados de EE. UU. se suspendió temporalmente y las cifras de admisión de refugiados se redujeron de forma drástica. Las familias y las personas que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México —la mayoría de los cuales buscan asilo, una forma de protección contra la persecución establecida por las Naciones Unidas en 1951—fueron detenidos recurriendo a otras disposiciones.
El Protocolo de Protección al Migrante (MPP) obligó a personas de todo el mundo que buscaban asilo a permanecer en México mientras se le asignaba a sus casos la competencia judicial. Los solicitantes de asilo como es el caso del autor de este artículo fueron forzados a vivir en la zona de la frontera de EE. UU-México, del lado mexicano en condiciones peligrosas y sin apoyo durante meses e incluso años. En 2020, Trump recurrió al Título 42, una vieja disposición de salud pública, para justificar cerrar de la frontera a los solicitantes de asilo durante la pandemia. Las personas que intentaron solicitar asilo en los puertos de entrada se rechazaron y expulsaron sin una evaluación mínima para asilo u otras protecciones, violando con esto el Derecho Internacional. Dos millones de personas fueron deportadas sumariamente, principalmente personas negras y morenas del Caribe y América Central.
Dos años de la administración de Biden, y muchas de las políticas antiinmigrantes de Trump en la frontera permanecen vigentes. Aunque el programa MPP se ha suspendido por ahora, una orden reciente de la Corte Suprema prohíbe que la administración Biden termine por completo con el Título 42. En enero de este año, la administración Biden anunció varias políticas que continuarán restringiendo drásticamente la entrada de personas que llegan a la frontera sur en busca de protección.
Este artículo disecciona una de estas políticas recientes, la “libertad condicional humanitaria” para un número limitado de personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.—Deborah Lee
Como inmigrante nicaragüense, me pregunto: “¿Cómo me afecta la libertad condicional humanitaria? ¿Y cuál es el significado y el propósito de la libertad condicional humanitaria?” Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos aprobó mi solicitud de asilo luego de un proceso que tomó casi tres años. Tuve que salir de mi país de origen por la persecución política del gobierno, y después de cruzar la frontera México-Estados Unidos, me obligaron a regresar a México a esperar por los resultados del “Protocolo de Protección al Migrante” (MPP). Allí sufrí un secuestro y un intento de asesinato del que aún tengo cicatrices psicológicas y físicas.
Todo esto sucedió durante la administración Trump. Después de esperar en México durante casi ocho meses, me trasladaron a un centro de detención en San Diego, California por otros seis meses hasta que finalmente me liberaron, previo depósito de $10,000 de fianza, realizado gracias a una organización que puso el dinero.
A principios de 2023, el presidente Biden anunció la “Libertad Condicional Humanitaria” por dos años, una política de inmigración para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Algunas personas optimistas piensan que esto es algo bueno. Pero en mi opinión, es una política discriminatoria y sobre todo excluyente de los más vulnerables. La nueva política de Biden abre una opción para un número limitado de inmigrantes de estas cuatro nacionalidades para vivir y trabajar en los EE. UU. durante dos años y que pueden solicitar mediante el uso de una aplicación de teléfono llamada CBP One. Aquellos que son aceptados a través del proceso deben demostrar tambien que tienen patrocinadores en los EE. UU. para apoyarlos,
Esta nueva política estaba disponible ya desde el 12 de octubre de 2022, pero solo para venezolanos, con 24.000 cupos asignados por mes. Con la ampliación actual que incluye a otros tres países, se han asignado 30.000 cupos para dividirse entre los cuatro países. Solo para contextualizar un poco estos datos, en 2022 el promedio de cubanos cruzando por mes la frontera fue de 15,166; de nicaragüenses fue de 13.716, de venezolanos 25.349. No hubo registro ni constancia del promedio de cruce de haitianos. Esto solo para resaltar que el número de cupos asignados bajo el programa de Libertad Condicional Humanitaria está muy por debajo de las necesidades.
Criterios de exclusión
La Libertad Condicional Humanitaria se otorgará solo a las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad. Para poderlo ser, una persona debe tener un patrocinador con estatus legal en los Estados Unidos y dispuesto a responder por los sus gastos del aplicante en los 10 años siguientes, o durante el tiempo que el inmigrante viva en los Estados Unidos. Esto descalifica de entrada a muchas personas que no tienen familiares en los EE. UU., o que, si bien tienen a alguien dispuesto a ser patrocinadores, no pueden hacerlo por carecer de estatus legal en el país. El patrocinador también tiene que cumplir ciertos requisitos de ingresos. Nuevamente, esto descalifica a una persona que quiera ser patrocinador, pero que no gana suficiente dinero para cumplir con las normas exigidas.
Los cubanos, nicaragüenses y haitianos que crucen la frontera de los Estados Unidos de manera irregular, serán expulsados de inmediato y quedarán descalificadas para el permiso humanitario. Esto también se aplica si han cruzado las fronteras de México y Panamá de manera irregular. Esta disposición tiene su mayor impacto en los migrantes más vulnerables. Si una persona huye de la persecución, ya sea por motivos de raza, sexo o género, religión o persecución política, no puede esperar la autorización a hacerlo en su país de origen. Con esto se está violando también el Derecho Humano de buscar protección internacional.
Todas las solicitudes se procesarán a través de una aplicación móvil llamada “CBP One”. Esto excluye a las personas que no tienen acceso a la tecnología o no saben cómo usar dispositivos móviles. Además, la aplicación está disponible solo en inglés y en algunos casos en español, y esto excluye personas que hablan otros idiomas como el misquito y del criollo de Nicaragua y Haití
Los solicitantes de permiso humanitario deben presentar antecedentes penales, pagar su boleto aéreo y tener pasaporte vigente. Pero es imposible para alguien que está siendo perseguido obtener un pasaporte a través del gobierno que lo está persiguiendo, por esto las personas huyendo por motivos políticos no podrán tampoco cumplir con esto. También es frecuente que las personas no tengan los medios para pagar un vuelo, y con mayor razón los más vulnerables.
Mejores soluciones
Esta política lo que busca realmente es reducir el número de entradas irregulares o entradas sin registro, a los Estados Unidos. No es del todo mala pues beneficiará a ciertos grupos de personas que, en mi opinión, no están realmente en un riesgo inminente pues sus razones para migrar son económicas. Con estas disposiciones, no tendrán que arriesgar su vida para cruzar las fronteras de manera irregular, ni pagar coyotes. Pero me preocupa pues no es inclusiva ni flexible con las personas que buscan asilo. Espero, sin embargo, que estas medidas tengan un efecto positivo y que eventualmente se extiendan a los grupos de inmigrantes más vulnerables.
También considero que estas nuevas políticas de Libertad Condicional Humanitaria son precipitadas. Hay otras formas de mejorar el sistema, empezando por una reforma migratoria que brinde seguridad a los migrantes que han estado viviendo en la sombra y agilice las peticiones familiares. Algunos tienen una espera tan desproporcionada, como de hasta 20 años para algunos países. También es necesario agilizar el proceso de asilo y restablecer el derecho de asilo. Por último, eliminar completamente el Título 42.